A casi dos años de gestión, el Gobierno nacional consolidó un ajuste sin precedentes. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto público cayó 31% en términos reales desde 2023, una poda que arrasa con áreas esenciales como salud, educación, ciencia, obra pública y programas sociales.
Mientras tanto, se multiplican los fondos para inteligencia y se preservan las partidas para el pago de la deuda. El recorte no es una política de austeridad: es un modelo de desmantelamiento del Estado.
El ajuste más profundo en décadas
Los números oficiales de la ejecución presupuestaria al mes de septiembre dejan poco margen para el relato.
El gasto total se desplomó un 31% real respecto a 2023 y la contracción alcanza a casi todos los ministerios.
El resultado: menos inversión, menos programas, menos obra pública y menos empleo.
El informe del CEPA detalla que los golpes más duros se sienten en salud, educación, ciencia y tecnología, desarrollo productivo y obra pública.
En cambio, los Servicios de Deuda Pública mantienen su peso intacto (9% del gasto total) y la Secretaría de Inteligencia del Estado muestra un crecimiento real del 35%.
El contraste es brutal: mientras se apagan las políticas que sostenían la producción y la protección social, crecen los recursos para el espionaje.
Educación y ciencia: el apagón del conocimiento
En materia educativa, los programas que marcaron una política de inclusión quedaron vaciados.
Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente están paralizados, y las acciones de formación docente se derrumbaron un 79%.
El fortalecimiento edilicio de jardines de infantes cayó un 89% y la Secretaría de Educación ejecutó un 49% menos que en 2023.
La ciencia tampoco escapa al recorte.
El CONICET perdió el 30% de su presupuesto real, y los programas de promoción de la investigación retrocedieron más del 80%.
El mensaje es claro: el conocimiento, la innovación y la soberanía tecnológica dejaron de ser prioridad.
Salud en emergencia
El sistema sanitario vive un proceso de deterioro inédito.
Hospitales nacionales, institutos de referencia y agencias regulatorias muestran caídas de entre 30% y 70%.
La Superintendencia de Servicios de Salud retrocede 70%, el Hospital Laura Bonaparte pierde 37% y el Instituto Malbrán, clave en vigilancia epidemiológica, cae 22%.
Programas de prevención y atención territorial quedaron directamente sin ejecución.
Solo el plan de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica crece 24%, aunque sobre un presupuesto mínimo.
La salud pública, una red que debería proteger a todos, se debilita día a día.
Obra pública: un país en pausa
La Dirección Nacional de Vialidad ejecutó 73% menos que en 2023.
Los programas de rutas, pavimentación, túneles y puentes prácticamente desaparecieron: recortes del 98% o más.
La infraestructura nacional, motor del desarrollo, se transformó en un desierto presupuestario.
En el frente productivo, la Secretaría de Industria cae 78%, el INTI retrocede 45% y el INTA 38%.
El ajuste equivale a una virtual paralización del aparato productivo y tecnológico del país.
Desprotección social y federalismo roto
El impacto también se siente en las provincias y municipios.
La Asistencia Financiera a Provincias y Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense registran ejecución cero.
Programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia están congelados o con caídas superiores al 80%.
El Gobierno nacional se desentiende de la red de contención social que históricamente sostuvo a los sectores más vulnerables.
El efecto es inmediato: más pobreza, menos empleo y mayor desigualdad territorial.
Las prioridades del poder
Mientras se ajusta sobre hospitales, escuelas y obras, la inteligencia del Estado crece 34% en términos reales.
La paradoja del modelo libertario queda expuesta: se achica el Estado que cuida, y se fortalece el Estado que controla.
Según el CEPA, el recorte acumulado entre 2023 y 2025 supera el 40% real.
No se trata de una medida coyuntural, sino de un repliegue estructural del Estado.
Un Estado que deja de ser garante de derechos y pasa a ser un espectador del deterioro social.
El costo humano del “orden fiscal”
El discurso oficial habla de “ordenar las cuentas” y “achicar el gasto improductivo”.
Pero detrás de esa retórica hay hospitales con menos insumos, escuelas sin programas, investigadores sin proyectos y familias sin asistencia.
El ajuste no solo recorta números: recorta vidas, oportunidades y futuro.
En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno profundiza el desequilibrio social.
Y en ese proceso, el Estado que alguna vez fue sinónimo de inclusión se desintegra entre recortes, deuda e indiferencia.