Milei y Caputo, denunciados penalmente: el Gobierno desafía a la Justicia en la pelea por las universidades
El referente del Partido Obrero Gabriel Solano radicó este miércoles una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. La acusación apunta a la presunta desobediencia de una orden judicial que dispone el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente y confirmada en todas las instancias posibles.
La presentación no es un gesto político aislado: tiene sustento jurídico concreto. Una medida cautelar dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Martín Cormick ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios según el IPC y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, entre ellos Progresar y las becas Manuel Belgrano y de Enfermería.
El Gobierno apeló. Perdió. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la cautelar en marzo de 2026. Volvió a recurrir. La Corte Suprema rechazó el planteo en junio pasado por no tratarse de sentencia definitiva. La orden judicial quedó firme. Y, según la denuncia, sigue sin ejecutarse.
Una ley vetada, insistida y promulgada a medias
El origen del conflicto tiene su propia historia. El Poder Ejecutivo vetó la norma en septiembre de 2025 mediante el Decreto 647/2025. El Congreso respondió con la mayoría de dos tercios prevista en la Constitución y la sostuvo. Milei entonces la promulgó, pero mediante el Decreto 759/2025 condicionó su implementación a que el propio Congreso identificara las fuentes de financiamiento.
Para Solano, ese condicionamiento fue el punto de partida de una controversia institucional que recorrió todas las instancias judiciales y terminó en la mesa de un juez penal federal. La denuncia invoca los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, figuras vinculadas a la desobediencia a la autoridad y al incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. También solicita que la investigación alcance a cualquier otro funcionario que haya intervenido, por acción u omisión, en el no acatamiento de la resolución judicial.
El expediente fue sorteado y recayó en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo.
Qué está en juego
Lo que el caso pone sobre la mesa no es menor: ¿puede el Poder Ejecutivo ignorar una orden judicial firme, confirmada incluso con la intervención de la Corte Suprema, amparándose en razones fiscales? Para los denunciantes, la respuesta es no. Y el punto no es menor para las universidades públicas nacionales de todo el país, que llevan meses esperando la aplicación concreta de una ley que el Congreso sancionó con amplia mayoría.
La propia ley, según señala la denuncia, contempla en su artículo 9 mecanismos para afrontar los costos: autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar partidas presupuestarias y financiar las obligaciones con ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados.
Para los miles de docentes, no docentes, investigadores y estudiantes universitarios de La Rioja, el desenlace de esta causa tiene consecuencias directas sobre sus bolsillos y sus posibilidades de acceso a la educación superior.