Fondos viales como moneda de cambio: la denuncia que acusa al Gobierno de comprar votos en el Congreso
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, en la que acusa al Ejecutivo de haber utilizado fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) para presionar a gobernadores y asegurarse aprobaciones legislativas clave. La causa recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini.
Una caja millonaria con destino político
El eje de la acusación es el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), regulado por la Ley 23.966, cuya recaudación tiene asignación específica para obras y mantenimiento vial. Según la denuncia, esos recursos no se destinaron a rutas, sino que se utilizaron estratégicamente para lubricar negociaciones políticas en el Congreso.
Los datos aportados por Pagano son contundentes: desde diciembre de 2023, el Estado recaudó $1.503.252 millones por ese concepto, pero solo ejecutó $394.406 millones. Eso representa una subejecución del 73,8%. El resto, más de $1 billón, habría permanecido colocado en instrumentos financieros como plazos fijos y letras del Tesoro, sin aplicarse a ninguna obra vial.
El calendario legislativo como disparador de pagos
El argumento central de la denuncia es que los giros de dinero a las provincias no respondían a necesidades de infraestructura, sino al calendario legislativo. Pagano sostiene que los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que el resto del mes.
La legisladora elaboró una suerte de “lista de precios” para ilustrar la correlación entre desembolsos y votaciones:
Ficha Limpia (mayo 2025): $7.895 millones girados a Jujuy en coincidencia con el rechazo del proyecto en el Senado, tras el cambio de voto de los senadores de Misiones.
Acuerdo con el FMI (marzo 2025): $6.596 millones desembolsados, concentrados casi íntegramente en Santa Cruz, luego de la aprobación del DNU 179/2025.
Sesiones sobre vetos (agosto 2025): $20.983 millones girados a provincias durante la semana en que el Congreso trató los vetos presidenciales.
Reforma laboral (febrero 2026): $17.139 millones transferidos entre el 11 y el 13 de febrero, vinculados al acompañamiento de diputados misioneros de Innovación Federal y del jujeño Jorge Rizzotti.
Ley de Glaciares (abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10 de abril, con Salta entre las provincias beneficiarias.
Hojarasca y Zonas Frías (mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo, con Salta acumulando más de $1.787 millones en las dos últimas ventanas.
En total, durante las tres ventanas de 2026, se desembolsaron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% de todo lo pagado por el SisVial en los primeros cinco meses del año.
Tres provincias concentran casi la mitad de los pagos
Durante enero y mayo de 2026, el 41,5% de los desembolsos del SisVial se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
El caso santiagueño merece una aclaración: la provincia recibió $9.886 millones para la autovía de la Ruta Nacional 9, que une la capital con Termas de Río Hondo y registra apenas un 56% de avance desde 2024. Sin embargo, la denuncia señala que los legisladores de Santiago del Estero votaron en contra del oficialismo en todas las ventanas legislativas analizadas. Ante esa aparente contradicción, un experto consultado en el expediente planteó una hipótesis: “Si quiero esconder un pago incómodo, lo emito entre otros pagos.”
Rutas deterioradas, fondos sin ejecutar
El deterioro de la infraestructura vial es el telón de fondo de toda la denuncia. Mientras los fondos permanecían colocados en instrumentos financieros, las rutas nacionales acumulaban años sin mantenimiento. Uno de los ejemplos citados es la Ruta 307 en Tucumán, que recibió $2.322,8 millones en las tres ventanas analizadas y aun así registra menos del 20% de avance físico y tres años de demoras.
Esta situación ya había sido documentada por investigaciones periodísticas previas. El editor de Economía de Perfil, Ezequiel Orlando, publicó el 2 de agosto que el Gobierno había recaudado $1,35 billones sin ejecutarlos. Una semana después, Hugo Alconada Mon, en La Nación, confirmó que más de $1 billón permanecía en inversiones financieras bajo la administración del Ministerio de Economía.
La causa y el antecedente de Ercolini
El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Julián Ercolini, el mismo magistrado que instruyó la causa Vialidad, el proceso judicial por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Pagano no dejó pasar la ironía. Al conocer qué juez quedó a cargo, cerró con una frase cargada de significado político: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente.”
El Gobierno, por su parte, no brindó explicaciones concretas sobre el destino de los fondos. Consultado al respecto, el secretario de Obras Públicas, Lisandro Ravier, evitó precisar dónde se encuentran los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
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