La causa por la deuda del FMI se cierra con el sello de la impunidad
La Cámara Federal de Casación Penal puso punto final a la investigación sobre el préstamo de 57.100 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. El fallo lo firmaron tres jueces con vínculos directos y documentados con el exmandatario. El resultado: ningún funcionario responderá por lo que el fiscal calificó como un esquema defraudatorio de consecuencias históricas para el país.
Una cadena de decisiones coordinadas
El cierre del caso no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una secuencia de resoluciones que arrancó en febrero de este año, cuando la jueza de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti —designada por Macri— archivó la causa por “inexistencia de delito”. En septiembre, los camaristas porteños Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi —también nombrados por el exmandatario— ratificaron ese archivo y declararon inadmisible el recurso de Casación presentado por el fiscal José Luis Agüero Iturbe.
El golpe final llegó este lunes. Los jueces de la sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazaron todos los planteos pendientes y ni siquiera habilitaron la vía hacia la Corte Suprema. Días antes, el fiscal ante esa instancia, Raúl Pleé, había desistido del recurso de queja que sostenía la acusación, rompiendo la línea que habían mantenido sus colegas a lo largo de toda la investigación.
Jueces con historia propia en el caso
Los vínculos de dos de los firmantes del fallo con Macri están documentados. Borinsky lo visitó al menos 16 veces en la Quinta de Olivos durante su presidencia, en encuentros que no fueron informados a sus pares y que frecuentemente coincidieron con decisiones judiciales favorables al expresidente. Hornos mantuvo reuniones similares, tanto en Casa de Gobierno como en Olivos, y cuando el escándalo salió a la luz explicó que entre él y Macri existía “una relación social de años”. Carbajo, el tercer voto, fue nombrado juez de Casación por el propio Macri en diciembre de 2018.
Lejos de apartarse, los tres rechazaron también la recusación que un particular —Antonio De Martino— había interpuesto contra ellos, argumentando que no existían “elementos objetivos” que pusieran en duda su imparcialidad.
Lo que quedó sin investigar
El fiscal Franco Picardi había construido una acusación de peso. Según su investigación, entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central diseñaron un esquema para tomar una deuda insostenible, canalizarla en beneficio de sectores privados concentrados y administrarla de forma discrecional y sin control. La Sindicatura General de la Nación cuantificó el perjuicio al patrimonio público en 29.618 millones de dólares.
Entre los señalados figuraban Macri, el entonces titular del BCRA Federico Sturzenegger, Luis Caputo —hoy ministro de Economía del gobierno de Javier Milei—, el actual presidente del BCRA Santiago Bausili y otros funcionarios. Capuchetti ignoró pruebas que acreditaban el incumplimiento de la Constitución, la ley de Administración Financiera y la ley de Ética Pública, entre otras irregularidades. Picardi la acusó de realizar una evaluación “parcial, sesgada y superficial”.
Nada de eso fue considerado. La causa está cerrada. Y los responsables de la mayor deuda contraída en la historia argentina con el FMI no deberán responder ante ningún tribunal.