Argentina lleva la batalla por Malvinas al Tribunal Internacional: exige frenar la explotación petrolera del Reino Unido
El Gobierno nacional dio un paso concreto y de alto voltaje diplomático: presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para detener la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido viene realizando de manera unilateral en la Cuenca Malvinas Norte, sobre la plataforma continental argentina.
La jugada no es menor. Se trata de una acción jurídica de urgencia que busca preservar los derechos soberanos de la Argentina mientras avanza el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre pasado, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR.
El argumento legal se apoya en el artículo 290, inciso 5, de ese mismo instrumento internacional, que habilita la solicitud de medidas provisionales cuando existe urgencia y peligro de daño grave, incluso antes de que quede constituido el tribunal arbitral definitivo. En otras palabras, Argentina no esperó: fue a frenar el avance británico mientras el proceso de fondo se pone en marcha.
Desde la Oficina del Presidente se remarcó que la presentación apunta a evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres agraven una controversia que las propias Naciones Unidas ya reconocieron como tal. No se trata de una disputa menor ni de una postura retórica: hay recursos naturales en juego, recursos que pertenecen al pueblo argentino.
La posición oficial fue contundente y sin rodeos. El Ejecutivo reafirmó los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, y lo sintetizó en una frase que no admite interpretaciones: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
Esta movida en el plano internacional representa una escalada significativa en la estrategia de recuperación soberana. Ya no se trata solo de declaraciones: Argentina eligió el terreno jurídico para disputar lo que considera suyo, con instrumentos del derecho internacional y ante un órgano con legitimidad global.
La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo tomará la constitución del tribunal arbitral y qué resolverá el TIDM mientras tanto sobre las medidas de urgencia solicitadas. Lo que está claro es que el Gobierno decidió no quedarse de brazos cruzados mientras el Reino Unido avanza sobre recursos que Argentina reclama como propios.