El Gobierno de La Rioja logró encauzar el conflicto en torno al Proyecto Vicuña tras abrir una instancia formal de diálogo con la empresa y la comunidad de Guandacol. La decisión política permitió destrabar el corte sobre la Ruta Nacional 40 y reactivar la circulación hacia el yacimiento, en un movimiento que combina gestión de crisis, intereses económicos y tensión social latente.
La medida se concretó luego de varios días de protestas que habían paralizado parcialmente la actividad minera en el oeste provincial. El Ejecutivo provincial intervino directamente para generar condiciones de negociación, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa sin perder de vista la demanda social por mayor control y beneficios concretos para la región.
El eje de la estrategia oficial fue claro: recuperar la gobernabilidad en una zona clave para el desarrollo minero. Para ello, se propuso un esquema de diálogo tripartito que involucra al Estado, la empresa Vicuña y los vecinos organizados. Desde el Gobierno sostienen que la prioridad es compatibilizar inversión con licencia social, un concepto que se vuelve cada vez más determinante en territorios con antecedentes de conflictividad.
En paralelo, la empresa confirmó el reinicio de tareas en territorio riojano, incluyendo obras de infraestructura vial consideradas estratégicas, como mejoras en caminos y accesos vinculados al proyecto. Este punto no es menor: la reactivación implica no solo movimiento económico inmediato, sino también una señal hacia el sector privado sobre la viabilidad de operar en la provincia en medio de escenarios complejos.
Sin embargo, el factor decisivo fue la respuesta de la comunidad. Los asambleístas de Guandacol resolvieron levantar el corte tras recibir garantías de continuidad en el diálogo. La medida fue interpretada como un gesto de distensión, aunque con advertencias: los vecinos aseguraron que mantendrán el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos, especialmente de cara a futuras instancias como la audiencia prevista para mayo.
La normalización comenzó a hacerse visible con el paso de los primeros convoyes hacia el yacimiento, marcando el retorno de la actividad y generando alivio en sectores vinculados al empleo local. No obstante, el escenario sigue siendo frágil.
El caso Guandacol expone un dilema estructural para la política riojana: cómo sostener el desarrollo minero sin profundizar el conflicto social. La apertura del diálogo aparece como una salida táctica efectiva, pero su éxito dependerá de resultados concretos en el corto plazo. En este contexto, el Gobierno se enfrenta a una prueba de gestión donde no solo está en juego la actividad económica, sino también la confianza de las comunidades involucradas.