El Ministerio Público Fiscal pidió la inmediata detención de Samiei Sajjad Naserani, ciudadano iraní condenado a 4 años y 6 meses de prisión por integrar una asociación ilícita internacional dedicada a falsificar documentación y por haber ingresado a la Argentina en 2019 con un pasaporte falso.
La solicitud fue presentada por la fiscal general Gabriela Baigún, quien destacó que la Corte Suprema de Justicia rechazó recientemente un recurso de queja presentado por la defensa del acusado, en el que se cuestionaba la condena por asociación ilícita.
Según la fiscalía, Naserani formaba parte de una organización ilegal integrada por al menos cinco personas, que entre 2015 y 2019 operó en España, Portugal, Grecia y Argentina. El grupo falsificaba documentos de identidad, los utilizaba y vendía a terceros, y también adquiría boletos aéreos para su posterior reventa.
Baigún remarcó que el acusado no tiene arraigo en el país y que ya intentó ocultar su identidad al ingresar con documentación apócrifa, lo que incrementa el riesgo de fuga. Además, señaló que otros integrantes de la organización aún no fueron localizados y podrían brindarle apoyo para eludir a la Justicia.
“La firmeza de la condena y el doble conforme de la pena constituyen una pauta objetiva para presumir que el imputado intentará sustraerse de su ejecución. Frente a la magnitud del riesgo de fuga, la única medida eficaz es la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario”, subrayó la fiscal.
El caso
El 12 de marzo de 2019, Naserani arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a su pareja, provenientes de Madrid. En el control migratorio presentaron pasaportes israelíes robados, lo que generó una alerta de Interpol. A pesar de ello, en primera instancia se les permitió ingresar al país, aunque días más tarde ambos fueron detenidos en un hotel de la zona del Abasto.
La investigación comprobó que el acusado mantenía vínculos con una red internacional de falsificación de documentos, con operaciones en Argentina, España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.
En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal Nº 6 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por uso de documento público falso, pero lo absolvió por asociación ilícita. Sin embargo, tras un recurso de la fiscalía, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa absolución y lo condenó también por asociación ilícita, ordenando fijar una nueva pena.Finalmente, el TOF Nº 6 estableció una condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, que hoy motiva el pedido de detención inmediata.