Nepotismo y acoso en la Justicia Federal riojana: un escándalo que ya no puede ocultarse
El caso explotó en los medios nacionales y expone una trama que combina favores entre magistrados, una denuncia por violencia de género paralizada y el avasallamiento de derechos laborales de empleados judiciales con décadas de carrera.
Lo que ocurre en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja no es un episodio menor ni una disputa burocrática interna. Es un entramado de decisiones cuestionables que involucra a jueces federales, una denuncia por acoso sexual sin investigar y un nombramiento que huele a favor político desde la primera línea.
El 15 de octubre, mediante el Acuerdo N° 18/2026, los jueces Mario Martínez y Jorge Gamal Abdel Chamía designaron en forma interina a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como jefa de Despacho del TOF riojano. El cargo es codiciado: alta responsabilidad, asistencia directa a los magistrados en la redacción de sentencias y un salario que supera los cinco millones de pesos mensuales.
El problema central es evidente: la funcionaria designada es hija del juez Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja y el magistrado a cargo de la causa penal que se sigue contra el propio Chamía por presunta violencia laboral y acoso sexual.
En otras palabras: un juez acusado de acoso ascendió a la hija del juez que debe investigarlo. El tercer integrante del tribunal, José Quiroga Uriburu, votó en contra y dejó constancia de su disidencia.
Una causa que no avanza
La denuncia la presentó María Emilia Galván, oficial judicial del TOF, quien describió episodios de acoso sexual y hostigamiento sistemático por parte de Chamía ocurridos en 2023. La causa se inició en Buenos Aires, llegó a La Rioja y hoy está paralizada: el fiscal aún no decidió si impulsa la investigación o la desestima.
Herrera Piedrabuena anticipó que se apartaría si la fiscalía abre la pesquisa formal. Pero sin esa firma, el expediente no avanza. Y mientras tanto, su hija ya ocupa el cargo.
Galván, que sufrió un ACV en 2024 y acumula secuelas graves según sus propios médicos, fue sancionada por el tribunal por no presentarse a trabajar de forma presencial. Esa sanción le impidió ser considerada para el cargo que terminó siendo cubierto por la hija del juez instructor.
Empleados judiciales reaccionan
El escribiente Nicolás Alvares, con 19 años en el tribunal y 18 ascensos interinos en su haber, nunca confirmado en ninguno, impugnó el nombramiento por considerarlo contrario al escalafón. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) respaldó el recurso y advirtió sobre el ingreso de “paracaidistas” a cargos jerárquicos, saltando la carrera interna.
Si el recurso no prospera, el sindicato llevará el caso a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.
Antecedentes que pesan
Este no es el primer señalamiento sobre Herrera Piedrabuena. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de 2024 ya lo había identificado como uno de los 46 jueces que emplean familiares en sus propios juzgados: al menos una cuñada, un concuñado, dos yernos y un primo trabajan o trabajaron bajo su órbita.
Chamía, por su parte, enfrenta acusaciones previas de violencia laboral en la justicia provincial y denuncias de estudiantes universitarias, ninguna de las cuales prosperó. Sigue ejerciendo como docente titular en la Universidad Nacional de La Rioja.
El caso ya llegó a Infobae con cobertura extensa. Lo que pasa en los tribunales federales de La Rioja no es un problema interno: es una señal de alarma sobre el estado de la Justicia en la provincia.