La Iglesia le pone límites al ajuste: el superávit fiscal no puede pagarse con derechos recortados
La Conferencia Episcopal llegó al Congreso con un mensaje que no admite medias tintas: los números del equilibrio fiscal no pueden construirse sobre la vulnerabilidad de quienes dependen del Estado para vivir. El reclamo central de la Pastoral Social apunta directo al corazón del debate que se libra esta semana en la Cámara de Diputados: qué hacer con el régimen de emergencia en discapacidad que vence el 31 de diciembre de 2026.
La disyuntiva es clara. De un lado, la propuesta de prorrogar la Ley 27.793 hasta fines de 2027. Del otro, el camino que impulsa La Libertad Avanza junto a bloques aliados: reemplazar ese régimen por una legislación permanente que, según los obispos, no garantiza los mismos derechos y deja demasiados interrogantes abiertos.
Una ley que tardó un año en aplicarse
El argumento episcopal es sólido y está respaldado por el propio derrotero de la norma. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada en su totalidad por el presidente Milei y luego ratificada con mayorías suficientes para rechazar ese veto. A pesar de eso, el Ejecutivo suspendió su implementación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Fue un fallo judicial el que obligó a aplicarla, ya en 2026. La reglamentación llegó recién en febrero, mediante el Decreto 84/2026.
Ese recorrido es exactamente lo que la Iglesia pone sobre la mesa: una ley que comenzó a funcionar de manera efectiva hace menos de un año, de forma parcial y por orden de un juez, no puede ser reemplazada como si ya hubiera cumplido su ciclo.
Los puntos de conflicto
La CEPAS identificó cuatro ejes de preocupación concretos.
El primero es el sistema de pensiones. La propuesta negociada entre el oficialismo y sus aliados mantiene una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Pero la Iglesia advierte que el esquema podría dividir a los beneficiarios en dos categorías con derechos desiguales, dejando a quienes tienen mayores dificultades de inserción laboral con menor cobertura.
El segundo es la cobertura sanitaria. El programa Incluir Salud, que garantiza atención médica a titulares de pensiones sin obra social, enfrentaría en el Presupuesto 2027 una caída real del 13,9% respecto de este año, pese a que el propio Gobierno proyecta incorporar más beneficiarios durante el próximo ejercicio.
El tercero son las más de 200.000 solicitudes de pensión que permanecen sin respuesta. La Iglesia reclamó que el Ejecutivo establezca plazos concretos para resolverlas y exigió que la Secretaría Nacional de Discapacidad publique regularmente información sobre altas, bajas y suspensiones de beneficios.
El cuarto punto refiere a los prestadores: instituciones y profesionales que brindaron servicios entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y esperan compensaciones sin fechas precisas de pago.
La advertencia política
El arzobispo Jorge Lozano, desde Roma, fue directo: si hay irregularidades, que se investiguen y sancionen. Pero estigmatizar a un sector vulnerable para justificar recortes estructurales es otro asunto. “Estigmatizar a un grupo vulnerable me duele mucho”, afirmó.
La Iglesia no firmó acuerdo político con ningún bloque. Pero dejó en claro cuál es el piso que consideran innegociable: ninguna ecuación fiscal puede sostenerse a costa de quienes no tienen otra red de contención.
El debate en Diputados sigue abierto. La presión eclesiástica le agrega un peso moral y político que el oficialismo no puede ignorar.