La Justicia le pone precio al desacato: multa diaria al Gobierno nacional por ignorar el financiamiento universitario
El Poder Ejecutivo nacional acumula un nuevo costo político y judicial por su política de ajuste sobre la educación pública. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dispuso la aplicación de astreintes —multas diarias de coerción— contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vigente vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La sanción arranca en $100.000 por día y puede escalar tanto en monto como en la cantidad de funcionarios alcanzados si el Ejecutivo persiste en la omisión.
Un incumplimiento que viene de lejos
El trasfondo del fallo no es nuevo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) viene reclamando desde hace meses la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, así como la recomposición de los fondos destinados a becas estudiantiles. La cautelar que el Gobierno ignoró ya tenía plazo vencido: el juez había intimado al Ejecutivo el 22 de septiembre con un margen de cinco días para regularizar la situación. Vencido ese plazo sin respuesta, la multa se hizo efectiva.
El decreto que el Gobierno usó como escudo, el 759/2025, por el que intentó anular la Ley de Financiamiento Universitario, fue declarado inconstitucional. El Ejecutivo apeló ese fallo, pero el recurso no lo salva: el propio magistrado dejó asentado que la medida cautelar “continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio” y que ya fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia.
La apelación no suspende la obligación
Ese punto es central. El Gobierno de Milei pretendió escudarse en la apelación para eludir el cumplimiento de la cautelar, pero la Justicia fue contundente: mientras la medida esté vigente, el acatamiento es ineludible. No hay recurso procesal que habilite el desacato.
La resolución de Cormick advierte, además, que tanto los montos como los funcionarios pasibles de ser sancionados podrían ampliarse si la situación no se revierte.
Lo que está en juego
Detrás de las cifras procesales hay una cuestión de fondo que impacta directamente en La Rioja: el sostenimiento del sistema universitario público, los salarios de miles de trabajadores de la educación y el acceso de jóvenes a las becas que les permiten continuar sus estudios. Cada día de incumplimiento es un día más en que esa realidad permanece sin resolverse.
El Gobierno nacional enfrenta ahora una doble presión: la judicial, con una multa que crece mientras no actúe, y la política, con una medida que la Corte Suprema ya respaldó y que el Congreso plasmó en una ley. Ignorar eso tiene consecuencias. Y la Justicia acaba de recordárselo con un número concreto.